En un esfuerzo por arrojar luz sobre lo que considera acciones gubernamentales potencialmente inconstitucionales, la Fundación Frontera Electrónica (EFF) ha iniciado un proceso legal contra los departamentos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS). El objetivo de la demanda es obtener información sobre las presiones del gobierno federal a las empresas tecnológicas para que eliminen aplicaciones que monitorean las actividades de agentes de inmigración en comunidades de todo Estados Unidos.
Aplicaciones como ICE Block, Red Dot y DeICER, junto a sitios web como ICE Sighting-Chicagoland, han sido eliminados este año luego de que conversaciones entre funcionarios federales y plataformas tecnológicas sembraran la inquietud de una posible coacción gubernamental. Tales acciones levantarían cuestionamientos sobre la violación del derecho a la libertad de expresión garantizado por la Primera Enmienda.
El abogado de EFF, F. Mario Trujillo, ha afirmado que la demanda busca esclarecer la naturaleza de las comunicaciones entre el gobierno y las empresas tecnológicas, con la intención de verificar si hubo un cruce de límites que atente contra los derechos constitucionales de los ciudadanos. «Obtener estos registros será crucial para determinar si los funcionarios federales cruzaron la línea hacia la coacción inconstitucional y la censura del discurso protegido», expresó Trujillo.
Un evento significativo ocurrió en octubre cuando Apple retiró la aplicación ICEBlock de su tienda virtual, una herramienta que permitía a los usuarios reportar actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus localidades. La fiscal general Pamela Bondi reconoció en un comunicado su intervención al exigir la eliminación del aplicativo, acción que Apple cumplió prontamente. Posteriormente, Google y Meta implementaron medidas restrictivas similares en sus propias plataformas.
El contexto legal es delicado, ya que los ciudadanos tienen el derecho de documentar y compartir observaciones sobre acciones de la fuerza pública en entornos abiertos, una libertad protegida constitucionalmente. Si se comprobara que hubo coerción por parte del gobierno para silenciar estas actividades, implicaría una transgresión de las normativas constitucionales.
En respuesta, EFF realizó peticiones de acceso a la información en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) a los departamentos señalados, así como a agencias como ICE y Aduanas y Protección Fronteriza. Estas solicitudes pretenden desvelar registros y comunicaciones relacionadas con las demandas de eliminación de aplicaciones y sitios web que documentan operativos de inmigración. Hasta ahora, ninguna de las instituciones ha entregado los documentos requeridos, lo que ha motivado a EFF a llevar su demanda ante los tribunales.
