La tecnología de lectura automática de matrículas (ALPR) ha escalado en popularidad entre las agencias policiales de Estados Unidos, pero su uso generalizado ha suscitado preocupaciones significativas sobre la privacidad de los ciudadanos. Un reciente caso en Virginia destaca estos dilemas y pone presión sobre el Tribunal de Apelaciones de este estado para que requiera una orden judicial antes de que las policías puedan acceder a datos de ALPR. Esta solicitud ha sido apoyada por la Electronic Frontier Foundation (EFF), la Unión Americana de Libertades Civiles de Virginia (ACLU) y la Asociación Nacional de Defensores Criminales (NACDL).
En el caso conocido como ‘Commonwealth v. Church’, un oficial de Norfolk accedió a datos sin una orden judicial con el fin de establecer la culpabilidad del acusado, más que para verificar su presencia en la escena del crimen. La corte inferior dictaminó que esta acción violó la Cuarta Enmienda, resultando en la supresión de la evidencia obtenida.
Los sistemas ALPR no sólo capturan fotografías de matrículas, sino también información detallada sobre el vehículo y su ubicación en tiempo preciso, almacenándose en la nube. Esto permite que las agencias policiales accedan casi en tiempo real a datos transversales sobre el movimiento de los vehículos, configurando un potencial sistema de seguimiento amplio.
Contrario a la creencia popular de que estos sistemas sólo rastrean a sospechosos criminales, un estudio indica que el 99.5% de las matrículas registradas por estas cámaras pertenecen a personas sin vínculos criminales. En el condado de Norfolk, donde se despliegan más de 170 cámaras ALPR, es casi imposible conducir sin ser capturado por el sistema.
Además, la tecnología se ha usado en redadas de inmigración y para vigilar a personas que buscan servicios relacionados con el aborto, aumentando el temor a un control invasivo. También es capaz de identificar relaciones entre individuos que viajan por separado, intensificando las preocupaciones sobre la vigilancia masiva.
Para proteger la privacidad, la imposición de una orden judicial para acceder a los datos de ALPR es esencial. Los recientes fallos judiciales consideran que el seguimiento prolongado de movimientos borra las expectativas razonables de privacidad. La corte de apelaciones de Virginia tiene así una oportunidad clave para establecer nuevos precedentes en la vigilancia policial, reforzando los límites que la Cuarta Enmienda ya intenta imponer.
