A principios de septiembre, la Electronic Frontier Foundation (EFF) presentó un amicus curiae ante la Corte Constitucional de Ecuador, en apoyo a un desafío interpuesto por organizaciones no gubernamentales como INREDH y LaLibre. El caso cuestiona la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Inteligencia (LOI) y su reglamento.
La EFF sostiene que la LOI promueve una vigilancia desmedida y una cultura de secretismo que vulnera tanto los estándares constitucionales como los derechos humanos interamericanos. Por ello, solicita a la Corte que declare la inconstitucionalidad de la ley y sus reglamentos.
El escrito subraya que la LOI adolece de defectos estructurales que minan los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y que prioriza intereses estatales por encima de los derechos individuales. La ambigüedad de conceptos como «seguridad nacional» y «seguridad integral del Estado» otorga un poder desmesurado a las agencias de inteligencia.
Además, la ley establece la secrecía como norma, contraviniendo el principio de máxima divulgación. La información producida por el Sistema Nacional de Inteligencia es clasificada como secreta, y los gastos en inteligencia evitan una supervisión pública adecuada, lo que limita la rendición de cuentas.
La LOI también permite el acceso a comunicaciones y datos personales sin orden judicial, facilitando la vigilancia masiva. Esto va en contra de los principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la privacidad.
La EFF hace referencia al caso CAJAR vs. Colombia, que estableció normativas estrictas para las actividades de inteligencia, afirmando que la LOI no cumple con estos estándares.
En conclusión, la EFF insta a la Corte Constitucional a invalidar la LOI, considerando que viola la Constitución ecuatoriana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
