La Electronic Frontier Foundation (EFF), reconocida organización en defensa de los derechos tecnológicos, ha manifestado públicamente su respaldo al bufete de abogados Perkins Coie en su oposición a una controvertida orden ejecutiva emitida por la administración Trump. La orden, que ha sido calificada por la EFF como sorpresiva, vengativa y contraria a la Constitución, busca sancionar a Perkins Coie por su enérgica defensa de sus clientes, desafiando así lo estipulado en la Primera Enmienda y los principios fundamentales del ejercicio legal.
La EFF subraya la importancia de las acciones legales contra el gobierno federal como pilar del sistema de controles y equilibrios que garantiza la democracia en Estados Unidos. Estas demandas son testimonio de la confianza depositada en el poder judicial para arbitrar disputas de manera justa, y en la obligación del ejecutivo de acatar los veredictos. Este sistema, vigente desde el histórico caso de Marbury v. Madison en 1803, ha sido decisivo para prevenir abusos de poder y para mantener la separación de poderes.
La implementación de esta orden ejecutiva amenaza no solo la integridad de la justicia, sino que podría establecer un preocupante precedente al castigar a bufetes por defender profesionalmente a sus clientes contra el gobierno. Las inquietudes constitucionales que se derivan de esta acción incluyen la potencial distorsión del sistema judicial al limitar los argumentos presentables por los abogados, así como constituir una represalia ilegal contra la libre expresión durante la representación legal de Perkins Coie.
Además, se advierte que la orden funciona como un compromiso de lealtad inconstitucional, afectando el acceso a los tribunales federales y las relaciones con contratistas gubernamentales mediante un alineamiento forzoso al ejecutivo. Para los defensores de las libertades civiles, como la EFF, estos principios son fundamentales para salvaguardar los derechos esenciales de sus clientes y del público.
Ante tales circunstancias, la EFF urge a los tribunales a revocar esta orden ejecutiva y a la comunidad legal a condenar unánimemente lo que consideran un ataque a los principios democráticos fundamentales. La defensa de la justicia y la preservación del estado de derecho son esenciales para la continuidad de una democracia robusta y justa.
