La Electronic Frontier Foundation (EFF), en colaboración con la ACLU y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, ha vuelto a presentar un amicus brief ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU., reiterando la necesidad de una orden judicial para las búsquedas de dispositivos electrónicos en la frontera. Esta postura ha sido consistentemente defendida por la EFF en diversos tribunales y en el Congreso durante casi una década.
El caso en cuestión, U.S. v. Smith, se originó cuando un viajero fue detenido en el aeropuerto de Newark tras regresar de Jamaica. Bajo la supervisión del FBI, su teléfono móvil fue objeto de un registro forense debido a su supuesta implicación en una conspiración relacionada con fraudes de seguros y extorsión en la industria de servicios de mitigación de emergencias en Nueva York. Aunque fue procesado, el individuo demandó la exclusión de las pruebas obtenidas de su teléfono en el juicio.
El año pasado, un tribunal de distrito emitió un fallo histórico al exigir una orden judicial para las búsquedas de teléfonos móviles en la frontera, declarando que las búsquedas sin orden violan la Cuarta Enmienda. No obstante, el juez permitió que las pruebas se utilizaran en el juicio, ya que los oficiales creían de buena fe que contaban con la autoridad legal necesaria para efectuar la búsqueda sin orden.
Las búsquedas de dispositivos sin orden en la frontera han ido en aumento, con más de 41,000 realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en el año fiscal 2023. Históricamente, la Corte Suprema ha mantenido una excepción para las búsquedas en la frontera, permitiéndolas generalmente sin orden ni sospechas, con el fin de detectar contrabando y artículos prohibidos.
Sin embargo, el amicus brief argumenta que el test de balanceo de la Corte Suprema en Riley v. California debería aplicarse en este contexto. En ese fallo, la Corte analizó los intereses del gobierno de acceder a datos en dispositivos móviles frente a los derechos de privacidad de los individuos detenidos.
Según la defensa, importar los argumentos de Riley es crucial, ya que los dispositivos actuales almacenan vastas cantidades de información personal, desde afiliaciones políticas hasta datos financieros y de salud. Se argumenta que los intereses del gobierno en acceder a estos datos en la frontera son débiles y no justificados bajo la premisa original de detección de contrabando físico.
Asimismo, el amicus enfatiza que las búsquedas de dispositivos no detienen el contrabando digital en la frontera, ya que copias de estos archivos a menudo residen en servidores dentro del país. Por esto, se sostiene que las búsquedas deberían ser justificadas por una sospecha razonable y limitarse a la búsqueda de contrabando digital específico.
Finalmente, el documento llama a la Corte a salvaguardar los derechos de los viajeros bajo la Cuarta Enmienda, sugiriendo que si no se requiere una orden, debería, al menos, exigirse una sospecha razonable. Otros tribunales del Segundo Circuito ya han adoptado esta postura. La discusión sigue en curso, mientras la EFF y sus aliados continúan defendiendo la privacidad digital frente a las crecientes intrusiones en la frontera.
