En un giro revelador sobre las prácticas de vigilancia gubernamentales en Estados Unidos, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha dado a conocer documentos que arrojan luz sobre un programa federal ampliamente criticado. Este programa, inicialmente propuesto durante la presidencia de Donald Trump y continuado bajo la administración de Joseph Biden, ha sido objeto de controversia por su enfoque en monitorear las redes sociales de inmigrantes y visitantes extranjeros.
A través de una demanda interpuesta en 2022, la EFF logró acceder a registros que demuestran que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han mantenido en funcionamiento un esfuerzo de vigilancia anteriormente conocido como «exámenes exhaustivos». Aunque el programa ha sido rebautizado como la Iniciativa de Evaluación del Ciclo de Vida de Visas, la esencia de su operación sigue siendo la misma: identificar potenciales amenazas a través del rastreo de la actividad en línea de personas interesadas en ingresar al país.
Los registros, que han suscitado preocupación entre defensores de la privacidad y la libertad de expresión, revelan que el gobierno ha desembolsado más de 100 millones de dólares para mantener este programa en funcionamiento. Hasta ahora, SRA International, Inc., que ahora forma parte de General Dynamics, ha sido la receptora de un contrato valorado en más de 101 millones de dólares para facilitar estas operaciones.
A pesar del rebranding, la iniciativa sigue generando controversia, en gran parte debido a su capacidad para utilizar información despectiva —concepto ambiguo que podría abarcar críticas al gobierno de EE.UU.— como criterio de evaluación. Críticos como EFF han advertido sobre el riesgo de etiquetar injustamente a individuos como amenazas, basándose en expresiones protegidas por la Primera Enmienda.
Las revelaciones también incluyen correos electrónicos internos que reflejan intentos gubernamentales por suavizar la percepción pública de esta política tras recibir críticas. Estas comunicaciones han subrayado la continua sensibilidad del programa al escrutinio del Congreso y la ciudadanía.
El descontento no termina con la vigilancia social, ya que la EFF mantiene un desafío legal contra la práctica del Departamento de Estado de requerir a los solicitantes de visa que registren sus cuentas de redes sociales, una medida que consideran excesiva e intrusiva.
A medida que estas prácticas de monitoreo siguen bajo el ojo público, el debate en torno a los límites de la vigilancia en nombre de la seguridad nacional continúa alimentando la discusión sobre la privacidad y las libertades individuales en la era digital.
