En un contundente llamado a la protección de la privacidad, la Electronic Frontier Foundation (EFF) junto a una coalición de defensores, ha interpuesto una demanda federal contra el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, y la Oficina de Administración de Personal (OPM). Con una clara acusación de acceso indebido a información privada de millones de estadounidenses, la acción legal busca detener lo que consideran un uso inapropiado de datos altamente sensibles, abogando por la eliminación de cualquier información ya recopilada y exigiendo el cese del intercambio de datos entre ambas entidades.
Involucrando a empleados federales individuales y a sindicatos prominentes como la Federación Americana de Empleados Gubernamentales y la Asociación de Jueces Administrativos, la demanda se erige como una defensa ante lo que describen como una violación sin precedentes de la intimidad. La EFF argumenta que el acceso no regulado por parte de DOGE a los registros de OPM podría derivar en abusos significativos e imprevisibles, afectando no solo la privacidad personal de los empleados, sino también la integridad del funcionamiento de múltiples agencias gubernamentales.
La delicada información contenida en los archivos de OPM abarca desde datos demográficos hasta historiales laborales y financieros, pasando por información confidencial de salud y acuerdos de divulgación clasificada. Esta situación ha despertado preocupaciones, especialmente considerando eventos pasados en los que la oficina sufrió brechas que comprometieron más de 20 millones de registros, en lo que se calificó como uno de los fallos de seguridad más críticos del gobierno.
Amparados por la Ley de Privacidad de 1974, los demandantes subrayan que cualquier divulgación de registros gubernamentales sobre individuos requiere, en teoría, el consentimiento escrito de los implicados, como medida para evitar abusos. Esta ley, nacida en respuesta a escándalos históricos, está diseñada para proteger a los ciudadanos de la indebida recolección masiva de información por parte del Estado.
La EFF, conocida por su histórico activismo en pro de la privacidad y su lucha contra la vigilancia gubernamental, insiste en la necesidad imperiosa de proteger los derechos de los estadounidenses. La organización sostiene que es vital retroceder en el uso imprudente de la información por parte de las entidades gubernamentales y asegurar que las leyes que protegen los datos sensibles sean respetadas.
En un paso previo relevante, un juez federal ya había bloqueado temporalmente a DOGE del acceso a un sistema crítico de pagos del Tesoro, sentando un precedente favorable para las expectativas de los demandantes en esta nueva querella. La situación actual, bajo el escrutinio de la EFF, representa una creciente preocupación sobre el alcance y el uso de los datos por parte del gobierno, destacando la urgencia de una intervención judicial para salvaguardar los derechos de privacidad y la seguridad de la información de los ciudadanos.
