La Fundación Electrónica Fronteriza (EFF) ha decidido presentar una demanda contra el Departamento del Sheriff del Condado de San Joaquín, ubicado en California, con la intención de acceder a documentos que revelen qué tecnologías de vigilancia están siendo adquiridas por las fuerzas del orden y los costos asociados a estas. La acción judicial, denominada Pen-Link v. County of San Joaquin Sheriff’s Office, se originó después de que Pen-Link intentara bloquear la divulgación de contratos íntegros entre ella y la oficina del sheriff, alegando que se trataban de secretos comerciales.
La EFF interpuso una moción ante la Corte Superior de California buscando unirse a un litigio previo y obtener los registros que había solicitado sin éxito. El departamento del sheriff ya había entregado 40 páginas de documentos, aunque estos llegaron sesgados, omitiendo información crucial sobre los productos y servicios adquiridos de Pen-Link y su filial Cobwebs Technologies, lo cual se hizo bajo la petición de la empresa de mantener esa información confidencial.
Este litigio resalta la pugna por la transparencia en el uso de tecnología de vigilancia financiada por el erario público. La EFF argumenta que es esencial que el público esté al tanto de cómo se gastan esos fondos y que tal información no debería considerarse un secreto comercial, a pesar de los esfuerzos de las empresas privadas por protegerla.
Pen-Link es reconocida por sus herramientas para la interceptación de comunicaciones, mientras que Cobwebs se especializa en plataformas de inteligencia digital que han sido criticadas por su potencial para dirigir su atención sobre activistas y periodistas independientes. La EFF insiste en que es fundamental que dicha información sea accesible al público, sosteniendo que permitir que Pen-Link resguarde esta información socava los derechos de transparencia gubernamental y fomenta una vigilancia excesiva sobre los ciudadanos.
El caso, clasificado como una demanda pública de registros "inversa", es inusual, ya que se suele utilizar para proteger derechos de privacidad personales, no alegados secretos comerciales de una empresa. Un fallo favorable podría establecer un precedente significativo para el acceso público a información sobre la tecnología de vigilancia usada por entidades gubernamentales.
La EFF reitera la importancia de mantener a las comunidades informadas sobre las herramientas de vigilancia adoptadas por sus gobiernos para facilitar discusiones significativas sobre su implementación. La contienda legal se encuentra en marcha, y la EFF espera que el tribunal acceda a su moción, permitiendo que el litigio avance y se logre la divulgación de información que impacta directamente en la privacidad y la transparencia de los ciudadanos.
