En San Francisco, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha presentado un argumento firme ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, solicitando que las empresas tecnológicas norteamericanas enfrenten responsabilidades legales en los tribunales por desarrollar herramientas que faciliten, de manera intencional, abusos a los derechos humanos por parte de gobiernos extranjeros.
Este movimiento se centra en el caso titulado «Cisco Systems, Inc., et al., v. Doe I, et al.», en el cual la EFF busca respaldar una resolución emitida en 2023 por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito. Dicha decisión sostiene que las compañías estadounidenses pueden ser responsabilizadas bajo el Alien Tort Statute (ATS), permitiendo que individuos no ciudadanos presenten demandas en tribunales federales estadounidenses por violaciones del derecho internacional.
Los argumentos arrojados por la EFF subrayan que el caso trasciende a una simple venta de tecnología. Acusan a Cisco de haber asistido activamente en la persecución del grupo religioso Falun Gong. Destacan que varias empresas, incluidas las estadounidenses, proveen tecnologías de vigilancia que facilitan violaciones graves a los derechos humanos.
El sistema «Golden Shield», desarrollado por Cisco para el gobierno chino, ha sido identificado como clave en la persecución del Falun Gong. Se documentan casos donde las interceptaciones de comunicaciones habrían facilitado torturas, buscando forzar a las víctimas a renunciar a su fe. Aunque la demanda inicial contra Cisco fue desestimada, la decisión fue revertida en apelaciones, al determinar que las corporaciones pueden ser consideradas responsables si sus acciones contribuyeron a violaciones de derechos humanos internacionales.
El Tribunal de Apelaciones establece que, para incurrir en responsabilidad, no es necesario que una empresa tenga la intención explícita de facilitar abusos. Es suficiente con que tenga conocimiento del uso indebido de sus productos. Esta interpretación implica que el potencial uso legítimo de una tecnología no exime a la compañía de responsabilidad, si se demuestra que fue utilizada para infringir derechos humanos.
Cisco ha llevado su apelación hasta la Corte Suprema, que se prepara para abordar el caso el próximo 28 de abril. La EFF insiste en que es vital permitir el acceso a la justicia para las víctimas de abusos de derechos humanos, afirmando que las empresas tecnológicas desempeñan un papel crucial al habilitar que regímenes represivos ejecuten violaciones a los derechos humanos mediante sus avanzadas herramientas.
