El Tribunal Supremo de Estados Unidos se encuentra en el centro de un debate crucial que podría cambiar el acceso a internet tal como lo conocemos. En el reciente caso que involucra a compañías musicales contra Cox Communications, se discute la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet (ISP) ante acusaciones de infracción de derechos de autor. En juego está la posibilidad de que los ISP deban limitar o cancelar el acceso a internet de sus usuarios basándose únicamente en acusaciones, lo que afectaría a miles de personas que dependen de la conectividad en su vida diaria.
La Electronic Frontier Foundation (EFF), junto con otras organizaciones, ha manifestado su preocupación mediante un amicus brief, apelando a que el Tribunal revoque la decisión de la corte de apelaciones del Cuarto Circuito. Según EFF, si se ratifica esta decisión, se convertiría a los ISP en «policías de copyright», obligados a tomar medidas contra los usuarios acusados de infracciones, afectando también a aquellos que comparten su conexión, como familias, escuelas y empresas.
El dilema surgió cuando las compañías musicales responsabilizaron a Cox Communications por las acciones de sus suscriptores, estableciendo un precedente donde el mero hecho de ofrecer un servicio que podría ser usado para infracción es motivo de responsabilidad. Esta interpretación amplía la responsabilidad secundaria de manera preocupante, ya que, a diferencia de las leyes de patentes, donde se define claramente cuándo un producto es infractor, el acceso a internet se usa principalmente con propósitos legales.
En el documento presentado, EFF sugiere adoptar un enfoque similar al de la ley de patentes, limitando la responsabilidad secundaria únicamente a casos donde el servicio esté explícitamente diseñado para infracciones y no tenga usos legales. La actual normativa podría acarrear serias consecuencias, desde interrupciones en el acceso a servicios críticos hasta la dificultad de reconectarse para muchos estadounidenses, especialmente en áreas con limitado acceso a proveedores de banda ancha.
El acceso a internet, esencial para la educación, el empleo y la salud, podría verse comprometido si no se toman medidas adecuadas. La EFF insta al Tribunal Supremo a rechazar el criterio actual de «contribución material» y a reforzar el uso de la ley de patentes como marco para el copyright, asegurando que estos derechos sirvan al bien público y no limiten el acceso a internet.
La decisión del Tribunal podría redefinir la protección de los derechos de autor en la era digital, mientras que la nación observa atentamente el desarrollo de un caso que no solo afectará a la industria tecnológica, sino a millones de usuarios en su vida cotidiana.
