La Electronic Frontier Foundation (EFF) se ha manifestado con firmeza ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, presentando un informe amicus en el caso «Trabajadores v. Bessent». La controversia gira en torno a la compartición de información fiscal personal, protegida por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para la aplicación de leyes de inmigración. La EFF, apoyada en su trayectoria en privacidad y manejo de datos, advierte sobre las repercusiones reales que estas prácticas gubernamentales podrían tener en la vida de los ciudadanos.
El informe de la EFF argumenta que la divulgación masiva de datos del IRS es inadecuada y expone a los contribuyentes a errores inevitables, erosionando la confianza en las instituciones y comprometiendo su efectividad. Destaca la cautela histórica que ha existido sobre la divulgación de data sensible.
Dentro del documento, se presentan dos argumentos principales. El primero sostiene que, en caso de que la Ley de Reforma Fiscal, que permite al IRS compartir datos, se interprete de manera ambigua, debe ser entendida conforme a la intención legislativa original, la cual desanima tales divulgaciones. Cualquier cambio drástico en la interpretación normativa podría considerarse arbitrario.
El segundo argumento se enfoca en la probabilidad de errores al cotejar información en bases de datos parcialmente identificables. Estos errores, que pueden originarse de datos desactualizados o incorrectos, podrían resultar en detenciones y deportaciones erróneas, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
La EFF recalca que las divisiones de información están diseñadas para proteger la privacidad y evitar abusos, preocupaciones que motivaron leyes como la Ley de Privacidad de 1974. La Ley de Reforma Fiscal fue creada para asegurar que la información recabada para un propósito no se utilice para otro distinto. Violaciones a esta norma amenazan a contribuyentes y a la confianza en el sistema.
Además, la EFF aborda el principio fiscal en EE. UU., donde el gobierno cobra impuestos a quienes trabajan en el país, garantizando que los datos proporcionados no se usen en su contra. Romper este acuerdo podría reducir la recaudación futura, afectando incluso a trabajadores indocumentados que declaran sus impuestos.
Finalmente, la EFF advierte que la consolidación de información entre agencias puede ser desastrosa, uniendo áreas distintas como salud, impuestos y aplicación de la ley, y comprometiendo la privacidad ciudadana. Por estas razones, el apoyo a la privacidad de los contribuyentes se refuerza en el caso «Trabajadores v. Bessent».
