La semana pasada, un caso judicial en Michigan atrajo la atención nacional al abordar una cuestión crucial en la era digital: la privacidad de los teléfonos inteligentes y los límites del poder gubernamental para acceder a ellos. La Electronic Frontier Foundation (EFF), junto con varias organizaciones defensoras de derechos civiles, presentó un informe amicus curiae en el caso «People v. Carson», cuestionando la constitucionalidad de una orden de registro que permitió la inspección exhaustiva del teléfono de Mr. Carson, acusado de robo.
El incidente comenzó cuando Mr. Carson fue arrestado bajo sospecha de haber robado dinero de la caja fuerte de su vecino. Meses después, las autoridades solicitaron una orden de registro para incautar y acceder a todos los datos del teléfono inteligente de Carson. La orden, criticada por su falta de especificidad, permitía una búsqueda sin restricciones temporales ni categorización de los datos, lo que desencadenó un debate sobre los derechos de privacidad en el contexto de dispositivos electrónicos.
En apelación, la Corte de Apelaciones falló a favor de Carson, dictaminando que la evidencia del teléfono no debía haberse admitido debido a que la orden era inconstitucionalmente amplia y carente de causa probable concreta. Insatisfecho con esta decisión, el gobierno llevó el caso a la Corte Suprema de Michigan, que aceptó revisar la cuestión.
El informe presentado por la EFF sostiene que las órdenes de registro para dispositivos digitales deben ajustarse estrictamente a los principios de la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que protege a los ciudadanos contra registros e incautaciones irrazonables. Argumenta que, al igual que en «Riley v. California», donde la Corte Suprema de EE.UU. reconoció la singularidad de los dispositivos electrónicos en cuanto a la cantidad y calidad de datos almacenados, las órdenes de registro para teléfonos inteligentes deben ser especialmente específicas en su alcance y justificación.
El fallo del tribunal de apelaciones enfatizó la necesidad de un «nexo» claro y específico entre la evidencia buscada y el delito investigado, algo que, según la defensa y las organizaciones de derechos civiles, faltaba en este caso. La orden ejecutada permitió una búsqueda sin límites de todos los datos en el teléfono, lo que se asemeja peligrosamente a las «órdenes generales» que la jurisprudencia histórica de la Cuarta Enmienda busca prevenir.
Este caso subraya la necesidad de un escrutinio riguroso sobre cómo se aplican los principios constitucionales tradicionales a las tecnologías modernas que almacenan grandes cantidades de información personal sensible. A medida que la capacidad de almacenamiento y la funcionalidad de los teléfonos inteligentes continúan creciendo, los tribunales enfrentan el reto de equilibrar los poderes de investigación del gobierno con las protecciones de privacidad de los ciudadanos.
El caso ante la Corte Suprema de Michigan es como un ensayo sobre la privacidad en la era digital y podría tener implicaciones significativas para futuras prácticas de aplicación de la ley en todo el país, estableciendo precedentes sobre cómo deben manejarse las órdenes de registro de dispositivos electrónicos para salvaguardar la privacidad y la seguridad de los individuos.
