En un caso que ha captado la atención del ámbito jurídico en Massachusetts, se ha puesto en el centro del debate la protección de la privacidad en torno a la monitorización electrónica de individuos bajo libertad condicional. El epicentro de esta controversia es Anthony Govan, quien, a pesar de estar bajo vigilancia electrónica como parte de las condiciones de su liberación previa al juicio, se vio involucrado en una investigación policial independiente. Las fuerzas del orden solicitaron y obtuvieron de la división de monitoreo la identidad y ubicación de «cualquiera» en las cercanías de un incidente que ellos indagaban. Este empleo indebido de la información reunida originó críticas sobre el uso y alcance de los datos recolectados en tales contextos.
La Electronic Frontier Foundation (EFF), respaldada por diversas organizaciones como la Comisión de Servicios Públicos para la Defensa y la ACLU, ha presentado un escrito amicus ante la Corte Suprema Judicial de Massachusetts. La EFF argumenta que utilizar los datos de ubicación de Govan para fines diferentes a los previstos sin una orden judicial adecuada es injustificado. Destacan también el carácter coercitivo de los programas de monitoreo electrónico, donde la opción es entre estar encarcelado o aceptar condiciones invasivas, lo que dificulta el consentimiento genuino respecto a la recolección de datos.
El caso ha reavivado las discusiones sobre el derecho a la privacidad de los datos geolocalizados. A pesar de estar bajo monitoreo, Govan mantenía una expectativa razonable de privacidad en su información de ubicación, dado que estos datos son altamente sensibles y reveladores. Esto plantea la cuestión sobre si, al estar bajo monitoreo, se debe renunciar a la privacidad en actividades cotidianas.
Especialmente relevante es el hecho de que Govan aún no ha sido condenado y, por lo tanto, su inocencia se presume. La EFF señala que la protección de la Cuarta Enmienda debería ser más robusta para aquellos en libertad bajo fianza previa al juicio, como Govan, en comparación con aquellos bajo monitoreo post-condena. Se sugiere que el uso de su información debería limitarse estrictamente al cumplimiento de las condiciones de liberación.
La organización no solo busca justicia para Govan, sino que también solicita al tribunal el establecimiento de pautas claras para futuras órdenes judiciales. La Cuarta Enmienda prohíbe «órdenes generales», similares a búsquedas sin criterios definidos, por lo que las peticiones que abarcan grandes volúmenes de datos de localización deben cumplir requisitos de especificidad.
Este caso subraya las preocupaciones en torno a cómo el monitoreo electrónico, planteado como alternativa a la detención, podría presentarse como un instrumento para la expansión de la vigilancia estatal si no se regula apropiadamente. Las cortes deben ser prudentes al permitir el uso de estos datos para propósitos no previstos, sin el respaldo adecuado de la ley.
