La Electronic Frontier Foundation (EFF), en colaboración con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, ha presentado recientemente un amicus brief ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos. Esta medida busca defender los derechos de privacidad de los viajeros al exigir que las búsquedas de dispositivos electrónicos en las fronteras cuenten con una orden judicial.
El caso que subyace a esta petición es el de U.S. v. Kamaldoss, donde las autoridades sometieron a fuertes escrutinios un teléfono celular y una computadora portátil de un individuo, al llegar al aeropuerto JFK en Nueva York. Esta búsqueda forense, que va más allá de una simple inspección manual, permitió la extracción y análisis detallado de datos almacenados en los dispositivos. La evidencia recopilada condujo a la acusación de Kamaldoss por tráfico de medicamentos recetados, un acto que el tribunal de primera instancia consideró justificado bajo la excepción de búsqueda en frontera, dada la sospecha de su participación en actividades ilícitas.
La preocupación de la EFF no es infundada. En el año fiscal 2023, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. realizó más de 41,000 búsquedas sin orden judicial en las fronteras, lo que genera dudas significativas sobre la invasión de la privacidad de los viajeros. Tradicionalmente, el Tribunal Supremo ha permitido estas búsquedas por la necesidad de interceptar contrabando y otros artículos ilícitos, pero la EFF argumenta que debería reconsiderarse la aplicación del estándar establecido en Riley v. California (2014), que exige una orden judicial para acceder a los datos de un teléfono tras un arresto.
Según la EFF, la naturaleza de la información almacenada en los dispositivos electrónicos de hoy en día va más allá de lo convencional, incluyendo datos que pueden revelar aspectos íntimos de la vida personal, desde creencias políticas hasta detalles financieros. Consideran que los intereses del gobierno en acceso sin restricciones a estos datos en la frontera son débiles, ya que el contrabando físico no se encuentra en los datos digitales y las búsquedas sin orden no previenen el uso de tecnologías de la nube.
Cabe destacar que otros tribunales del Segundo Circuito ya han empezado a exigir órdenes judiciales para estas búsquedas en la frontera, algo que la EFF espera que se consolide como una práctica común en la defensa de los derechos garantizados por la Cuarta Enmienda. La organización advierte que si no se exige una orden, al menos se debería requerir una sospecha razonable y limitar las búsquedas a evidencias de contrabando digital.
Así, la EFF busca que el Segundo Circuito tome la delantera en la protección de la privacidad de los viajeros, haciendo valer el derecho a la intimidad personal frente a injerencias sin justificación legal adecuada en los dispositivos electrónicos.
