La polémica sobre la retención obligatoria de metadatos vuelve a ocupar un lugar prioritario en la agenda digital europea. A pesar de los fallos reiterados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han desestimado las medidas de retención de datos por ser incompatibles con los derechos fundamentales, la Comisión Europea avanza en la reintroducción de estas políticas a nivel comunitario. Recientemente, se inició una consulta para recabar opiniones sobre el uso de datos en investigaciones criminales, un indicativo claro de un posible marco legislativo futuro.
A lo largo de los años, la Comisión Europea y varios Estados miembros han intentado reinstaurar la retención de datos. En este intento, han creado un grupo de alto nivel denominado HLG «Going dark», que promueve la idea de que las autoridades judiciales están «a ciegas» debido a la falta de acceso a datos. Esta narrativa es cuestionada dado el acceso creciente a información a través de empresas y gobiernos, y por la falta de transparencia en las operaciones del HLG, que además excluye la opinión de la sociedad civil.
Las recomendaciones de este grupo publicadas en 2024 sugieren un enfoque que muchos consideran una lista de deseos para la vigilancia gubernamental. Estas incluyen la implementación de «puertas traseras» en tecnologías para facilitar el acceso a la información por parte del gobierno y obligar a los proveedores de servicios a recopilar más datos de lo necesario para la prestación de sus servicios. Plantean además un régimen armonizado de retención que ampliaría el acceso a datos para cualquier proveedor de servicios.
Frente a estas propuestas, organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la EFF, han manifestado su preocupación, instando a la Comisión Europea a proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de las comunicaciones. Se argumenta que estas medidas deben alinearse con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues la retención indiscriminada de datos menoscaba la privacidad y anonimidad, pilares esenciales de una sociedad democrática. También se advierte sobre los riesgos de ciberseguridad al crear grandes repositorios de metadatos y la falta de evidencia que justifique su retención masiva.
En resumen, se hace un llamado a la Comisión Europea para que abandone la idea de una retención de datos indiscriminada y se concentre en buscar alternativas que respeten y protejan los derechos de los ciudadanos.
