La administración de Donald Trump ha anunciado un plan para ofrecer indemnizaciones a aproximadamente dos millones de empleados federales que decidan renunciar antes del 6 de febrero, según han informado medios locales. Esta medida podría afectar al 5% o 10% de la fuerza laboral federal. Los trabajadores que opten por esta «dimisión diferida» recibirán un paquete de compensación que incluye ocho meses de salario y otros beneficios, lo que se traduce en un ahorro estimado de 100.000 millones de dólares para el gobierno. Esta oferta estará disponible para todos los empleados federales de tiempo completo, con la excepción del personal militar, trabajadores del Servicio Postal y aquellos involucrados en la aplicación de la ley de inmigración o seguridad nacional.
Sin embargo, el mayor sindicato de empleados federales, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), ha expresado su preocupación por las repercusiones de esta medida. Según AFGE, una reducción en la cantidad de funcionarios públicos podría generar un caos significativo para los ciudadanos que dependen de los servicios gubernamentales. Everett Kelley, presidente de AFGE, ha manifestado que, aunque el número de empleados públicos se ha mantenido constante desde 1970, la demanda por sus servicios ha incrementado debido al crecimiento poblacional. Estas acciones se suman a otras decisiones ejecutivas de Trump, como la exigencia de retorno al trabajo presencial y la congelación de contrataciones, así como la derogación de algunas iniciativas de diversidad impulsadas por la administración Biden.
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