La Administración del presidente Donald Trump ha lanzado una base nacional de datos destinada a verificar la ciudadanía de los votantes, un desarrollo que ha suscitado preocupaciones entre especialistas en privacidad. Según lo reportado por National Public Radio (NPR), este nuevo recurso, creado por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, permitirá a los funcionarios electorales de cada estado cruzar información de listas de votantes con bases de datos de la Administración de Seguridad Social y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). La medida ha sido promovida como una forma de eliminar el fraude electoral, una preocupación que ha sido recurrente en el discurso de Trump desde las elecciones de 2020.
A pesar de que el Gobierno no ha negado la creación de esta base de datos, la rapidez con la que se ha desarrollado ha despertado críticas por la falta de un proceso público. Expertos en privacidad han expresado su inquietud sobre cómo se utilizarán estos datos, sugiriendo que el acceso a la información podría amenazar los derechos de los ciudadanos y los inmigrantes. Además, Trump firmó una orden ejecutiva en marzo que exigía la presentación de documentación que acreditara la ciudadanía para el registro de votantes, aunque un tribunal bloqueó temporalmente esta medida. La combinación de estas acciones plantea serias preguntas sobre la seguridad y la privacidad en el proceso electoral estadounidense.
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