Un número significativo de miembros de organizaciones criminales, incluyendo 238 del Tren de Aragua y una veintena de la Mara Salvatrucha, han sido deportados desde Estados Unidos a El Salvador. Esta acción se lleva a cabo bajo una controvertida ley que otorga al presidente de Estados Unidos poderes expansivos para acelerar deportaciones al ser considerados «enemigos extranjeros». La decisión, anunciada conjuntamente por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, incluye el confinamiento de los deportados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. Rubio destacó el beneficio económico y la mejora en la seguridad regional como principales motivaciones detrás de esta colaboración entre naciones.
Sin embargo, la situación legal es compleja, ya que las deportaciones se realizaron justo antes de que el juez federal James E. Boasberg suspendiera temporalmente la aplicación de esta ley bélica del siglo XVIII. Aunque algunos aviones ya estaban en vuelo, transportando a los deportados hacia El Salvador y Honduras, la orden judicial exigía el retorno inmediato de cualquier vuelo en curso. La controversia legal continúa mientras organizaciones de derechos humanos critican la utilización de estos poderes ejecutivos, y la Casa Blanca defiende la acción como necesaria para combatir eficazmente las amenazas de grupos terroristas extranjeros, a pesar de la desaprobación de algunos tribunales federales.
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