Estados Unidos se enfrenta a una creciente ola de violencia relacionada con las armas de fuego, situándose en un alarmante séptimo puesto en homicidios per cápita entre los países desarrollados. En 2024, el país registró 491 tiroteos masivos, un dato que, aunque es el más bajo desde 2019, destaca el persistente problema de la violencia armada. Intentos de asesinato a figuras políticas como Donald Trump y ataques en colegios y lugares públicos han puesto en jaque a la sociedad norteamericana. Se estima que alrededor de 500 personas han muerto en tiroteos masivos durante este año, exacerbando el clima de inseguridad. Además, más de 300 casos de violencia política se han reportado desde 2021, reflejando una creciente polarización y radicalización en el ambiente político.
A pesar de la gravedad de la situación, algunos indicadores sugieren una leve mejora, con una disminución del 16% en homicidios y un descenso del 3% en crímenes violentos por tercer año consecutivo. El fiscal general Merrick Garland atribuye este descenso a las políticas implementadas por el presidente Joe Biden, como la creación de una estrategia nacional para prevenir la violencia armada y el fortalecimiento de las verificaciones de antecedentes para compradores jóvenes de armas. Sin embargo, la división política sigue siendo profunda, influenciando fuertemente el debate sobre el control de armas. Mientras que la mayoría de los republicanos apoyan el derecho a poseer armas, los demócratas priorizan su regulación. Esta discrepancia sigue siendo un obstáculo para aplicar medidas efectivas y pone de manifiesto el desafío que enfrenta el país para abordar la crisis de violencia armada de manera definitiva.
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