La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha declarado una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Esta decisión se enmarca en una acusación de narcotráfico y terrorismo que pesa sobre Maduro desde 2020, durante la administración de Donald Trump. Bondi ha calificado al mandatario como uno de los mayores narcotraficantes del mundo, alegando que utiliza organizaciones terroristas para introducir drogas en territorio estadounidense. Además, la Administración de Control de Drogas (DEA) ha vinculado 30 toneladas de cocaína a Maduro y sus asociados, lo que implica una significativa fuente de ingreso para los carteles involucrados.
En respuesta a esta medida, el gobierno venezolano ha rechazado la recompensa, tildándola de «patética» y parte de una «burda operación de propaganda política». El canciller Yván Gil criticó la declaración de Bondi, considerándola una distracción por parte de Estados Unidos ante problemas internos. Gil reiteró que su país continúa desmantelando tramas terroristas orquestadas desde el exterior, sugiriendo que la recompensa tiene el objetivo de complacer a sectores de la oposición en Venezuela. Esta controversia subraya el creciente deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.
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