Teresa Ribera, actual candidata a comisaria de Competencia y Transición Verde en la Comisión Europea bajo el liderazgo de Úrsula Von der Leyen, enfrenta una serie de desafíos que podrían complicar su nombramiento. Estos desafíos no solo se limitan a la gestión de la DANA en Valencia, considerada una de las mayores catástrofes ecológicas de Europa este siglo, sino también a su controvertida decisión de no cumplir con los laudos arbitrales del Ciadi. Durante su reciente comparecencia en el Parlamento Europeo, los europarlamentarios expresaron preocupaciones por el impacto de los impagos de España a las empresas de renovables, lo que podría desincentivar la inversión extranjera en el continente.
En un contexto todavía más complejo, un fallo reciente en Estados Unidos contra España por la deuda con la japonesa JGC Corporation ha abierto la puerta a posibles embargos de bienes españoles en dicho país. Este fallo sigue a veredictos similares en Australia, Bélgica y el Reino Unido, donde se han identificado activos españoles susceptibles de embargo mientras se aguarda una resolución del conflicto. En Europa, estos problemas se suman al debate sobre el papel de Ribera en la política energética, especialmente su posición sobre la energía nuclear y los impagos a las renovables. La incertidumbre sobre la gestión de estos temas ha llevado a que su posible nombramiento aún esté pendiente, a la espera de su comparecencia en el Congreso, con sectores del PP dispuestos a vetar su candidatura.
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