Estados Unidos ha intensificado su estrategia en la competitiva industria de los semiconductores, afectando directamente a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), su socio estratégico global. A partir del 31 de diciembre de 2025, TSMC perderá la exención que le permitía importar equipos estadounidenses a su planta en Nanjing, China. Esta medida, firmada durante la administración Trump, ya afecta a otros gigantes tecnológicos como Intel, Samsung, y SK Hynix, que deben tramitar licencias para cada equipo que cruza las aduanas de EE.UU.
Durante algún tiempo, TSMC había disfrutado de un trato especial, permitiéndole mantener el suministro sin restricciones a su fábrica en China, centrada en la producción de nodos de 16 a 12 nanómetros. Aunque estos chips no son de última generación, su fabricación sigue siendo vital para la industria china, que busca fomentar su desarrollo tecnológico.
El impacto económico para TSMC es limitado, ya que la planta de Nanjing representa solo un 3% de sus ingresos. Sin embargo, el efecto de esta decisión es político y simbólico, enviando un mensaje claro: la política estadounidense de semiconductores prioritiza la seguridad nacional sobre los intereses comerciales.
Esta medida también forma parte de una estrategia industrial más amplia de EE.UU., que no solo busca limitar el acceso de China a tecnología avanzada, sino también atraer la producción al territorio estadounidense. A través del CHIPS and Science Act, la administración ofrece subvenciones e incentivos para fomentar la fabricación en casa.
Para TSMC, la situación es compleja. Ha invertido cerca de 100.000 millones de dólares en nuevas plantas en EE.UU., Japón y Alemania, reflejando la presión de sus clientes globales para diversificar riesgos frente a posibles crisis en Taiwán. Mientras tanto, China enfrenta un desafío significativo debido a la falta de acceso a tecnología de litografía EUV, esencial para la producción masiva de chips avanzados.
Este movimiento puede considerarse un punto de inflexión. Estados Unidos busca extender su control regulatorio incluso sobre actores extranjeros clave y evitar el acceso de China a tecnologías críticas. El resultado dependerá de si China puede avanzar significativamente en su capacidad de producción de chips avanzados, lo que podría alterar el equilibrio tecnológico global.
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