El Gobierno de Estados Unidos ha reconocido un error administrativo que resultó en la deportación de Kilmar Armando Abrego García, un salvadoreño con protección judicial, a El Salvador. El incidente se produjo a pesar de que Abrego tenía un estatus que le prohibía ser deportado, debido al riesgo de ser víctima de pandillas criminales en su país natal. Abrego, quien residía en Maryland con su esposa, una ciudadana estadounidense, y su hijo, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras un cambio repentino en su estatus migratorio. A pesar de que las autoridades estadounidenses alegan que Abrego fue identificado como miembro de la pandilla MS-13, no se han presentado pruebas de su afiliación. Su deportación, junto con otros 260 individuos, se llevó a cabo el 15 de marzo, incluso después de que un juez había dictado una prohibición de última hora.
El traslado se produjo bajo la administración del expresidente Trump, que utilizó la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 rara vez invocada, para justificar estas deportaciones. Abrego, quien había vivido en Estados Unidos desde los 16 años, fue enviado a la prisión de Cecot en El Salvador, conocida por sus condiciones deplorables y denuncias de violaciones de derechos humanos. El abogado de Abrego ha destacado la impotencia ante un sistema que permite tales acciones a pesar de fallos judiciales. Este escenario subraya las tensiones en las políticas migratorias y el peligro que enfrentan los deportados en sus países de origen. Mientras tanto, voces críticas siguen cuestionando la legalidad y moralidad de estas deportaciones, enfatizando el riesgo que corren las vidas de los implicados.
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