La Administración Trump continúa con su estrategia de aumentar el control sobre los inmigrantes a través de una nueva medida que les exigiría proporcionar datos de sus redes sociales al tramitar beneficios migratorios como la residencia permanente, asilo o naturalización. Esta iniciativa, presentada por el Departamento de Seguridad Nacional, busca fortalecer la seguridad nacional mediante una verificación más exhaustiva de identidad. La normativa se encuentra en una fase de consulta pública hasta el 16 de octubre, permitiendo que los ciudadanos expresen sus objeciones sobre su necesidad, utilidad e impacto en la privacidad. Se estima que más de tres millones de personas podrían ser afectadas anualmente por esta medida.
En paralelo, el gobierno de Trump ha integrado el monitoreo de redes sociales en otros procesos de admisión al país, como la solicitud de visados estudiantiles, donde se requiere que los perfiles sean públicos. Esta política ha generado controversia, especialmente tras casos de turistas sometidos al escrutinio de sus dispositivos electrónicos al ingresar a Estados Unidos. Un ejemplo destacado fue la expulsión de un científico francés por opiniones críticas hacia Trump halladas en su celular, aunque el Departamento de Seguridad Nacional argumentó que se debía a la posesión de información confidencial. La administración sigue defendiendo estas medidas como necesarias para proteger al país de amenazas externas.
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