El gobierno de Estados Unidos dio un nuevo paso en su estrategia para controlar las tecnologías sensibles mediante la introducción de un proyecto de ley que busca rastrear geográficamente los procesadores de alto rendimiento. Con la implicación de gigantes tecnológicos como Nvidia, AMD e Intel, la medida apunta a integrar tecnologías de geo-tracking en chips avanzados utilizados en inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento.
El proyecto, liderado por el senador Tom Cotton de Arkansas, encomienda a fabricantes incorporar mecanismos de rastreo para permitir al Departamento de Comercio verificar la ubicación de estos componentes tras su exportación, con el fin de evitar que caigan en manos no autorizadas, especialmente en China.
La legislación se centra en productos clasificados bajo códigos ECCN que incluyen procesadores de IA de gama alta, servidores para IA y HPC, soluciones de rack y tarjetas gráficas extremas como la Nvidia RTX 4090 o 5090. Dentro de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, estos productos deberán contar con dispositivos de rastreo integrados.
Implementar estas tecnologías plantea desafíos técnicos y logísticos significativos para la industria, los cuales afectan a fabricantes, distribuidores y centros de datos. El proyecto también exige a las empresas informar a la Bureau of Industry and Security (BIS) sobre cualquier redireccionamiento no autorizado o uso indebido del hardware.
Se prevé una revisión anual durante tres años por parte de los Departamentos de Comercio y Defensa. El objetivo es identificar nuevos mecanismos de protección y evaluar los avances tecnológicos en seguridad, potencialmente convirtiéndolos en requisitos obligatorios. No obstante, se garantiza la protección de la confidencialidad y los secretos comerciales para no comprometer la propiedad intelectual ni la competitividad de las empresas estadounidenses.
Esta iniciativa surge en un contexto de tensión tecnológica creciente entre Estados Unidos y China, centrada en áreas como la computación cuántica y la inteligencia artificial. Aunque Washington argumenta que estas tecnologías tienen un alto valor estratégico, el sector tecnológico advierte que los controles físicos podrían ralentizar la cadena de suministro global, aumentar los costes de producción y afectar la capacidad de innovación.
El proyecto abre un intenso debate entre defensores de la seguridad nacional y críticos que temen un impacto negativo en la industria. Mientras tanto, el desarrollo normativo avanza, prometiendo transformar la fabricación y distribución de los procesadores más potentes y escalar la competencia tecnológica global de los laboratorios a los parlamentos.
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