En un acontecimiento que intensifica la tensión en el ámbito tecnológico internacional, Estados Unidos ha impuesto una multa de más de 1.000 millones de dólares a la empresa taiwanesa TSMC, el principal fabricante mundial de chips. La sanción se deriva de la supuesta venta de semiconductores avanzados a la empresa china Huawei, a través de un complejo entramado de empresas pantalla. Este acto no solo ejemplifica la creciente rivalidad entre Washington y Pekín, sino que también sitúa a TSMC en una posición crítica dentro del conflicto por el control del suministro tecnológico global.
La sanción impuesta por el Departamento de Comercio de Estados Unidos se fundamenta en una legislación que permite duplicar el valor de una transacción infractora de los controles de exportación del país. Según fuentes cercanas al caso, los chips en cuestión habían sido vendidos por cerca de 500 millones de dólares, lo cual justifica el considerable monto de la multa.
La raíz del escándalo radica en la manera en que Huawei, que ha estado en la lista negra del gobierno estadounidense desde 2019, habría logrado eludir las restricciones vigentes mediante la utilización de terceros. Empresas como Sophgo, que aparentaban ser entidades independientes, habrían actuado en realidad como intermediarias de Huawei para adquirir los chips. Estos semiconductores, originalmente descritos como componentes para hardware de minería de criptomonedas, terminaron integrados en las GPU Ascend 910 de Huawei, las cuales están diseñadas para tareas de inteligencia artificial de alta complejidad; un sector de particular interés para la administración Biden y su predecesor, Trump.
Esta situación plantea un interrogante crucial para la industria tecnológica: ¿hasta qué punto es un fabricante como TSMC responsable del uso final de sus productos una vez que se venden? A pesar de que TSMC insiste en que revisó meticulosamente el diseño del chip solicitado, la compañía asevera que no estaba al tanto de su posterior aplicación en sistemas vinculados a Huawei. La empresa ha manifestado su compromiso de fortalecer sus protocolos de verificación y ha comenzado a suspender relaciones con clientes considerados sospechosos.
El incidente coincide con un momento delicado en la relación de Estados Unidos con China, marcado por el resurgimiento de Donald Trump como influyente figura en política exterior, acentuando así la competencia tecnológica entre ambas naciones. Esta polémica surge en un periodo en el que TSMC está realizando importantes inversiones en Estados Unidos, con más de 165.000 millones de dólares destinados a fortalecer la fabricación nacional de chips, en línea con la Ley CHIPS promocionada por la administración Trump.
No obstante, la presión sigue aumentando. La Casa Blanca evalúa imponer nuevas restricciones que podrían prohibir a TSMC vender chips a ciertos países o empresas extranjeras, con el objetivo de prevenir la transferencia tecnológica hacia China. Pese a las medidas adoptadas, los analistas advierten que China no cesará en sus esfuerzos por acceder a tecnologías intelectualmente críticas. Según expertos, el país asiático buscará alternativas, ya sea mediante la creación de más empresas pantalla o presionando a fabricantes menos visibles en el mercado global.
Esta acción estadounidense podría desencadenar represalias chinas, resultando en barreras comerciales adicionales para empresas norteamericanas o sanciones similares. El enfrentamiento continúa, y el caso TSMC-Huawei podría marcar un hito que redefina las pautas del comercio tecnológico a nivel mundial.
