La nueva política migratoria impulsada por la administración Trump modifica el tratamiento de los adolescentes migrantes no acompañados en la frontera de Estados Unidos. Ahora, los menores de entre 14 y 17 años que sean detenidos por las autoridades migratorias deberán responder si desean ser deportados voluntariamente. De aceptar, serán entregados al Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) para iniciar el proceso de deportación. En caso contrario, serán remitidos a la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Esta medida representa un cambio respecto a la Ley de Reautorización para la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas, que durante décadas ha garantizado ciertos derechos y servicios a los menores migrantes, reconociendo su situación vulnerable.
La nueva directiva ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los niños, que advierten sobre la falta de capacidad de los adolescentes para tomar decisiones de tal magnitud sin asesoría legal. Neha Desai, del Centro Nacional de Derecho Juvenil, señaló que utilizar a los menores en este proceso puede tener graves consecuencias humanitarias. El Departamento de Seguridad Nacional justifica la medida como una extensión de prácticas previas, citando que busca asegurar el regreso de los niños a un entorno seguro con sus padres o tutores, amparándose en la Ley de 2022. Sin embargo, las implicaciones de este enfoque, especialmente en términos de derechos humanos y seguridad infantil, continúan siendo un tema de intenso debate.
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