El 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, llevó a cabo acciones que críticos y expertos consideran un golpe de estado al violentar la Constitución venezolana. En un movimiento que ha sacudido a la comunidad internacional, Maduro se declaró líder supremo del país, consolidando un mayor control del poder político que ha sido descrito como un paso hacia la dictadura. Este acto ha intensificado la ya tensa situación política en Venezuela, provocando una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Líderes opositores y organizaciones de derechos humanos han condenado la acción como un ataque directo a los principios democráticos y un intento flagrante de institucionalizar el poder absoluto.
Las reacciones no se han hecho esperar, con gobiernos de varios países occidentales emitiendo comunicados de repudio y llamando a la comunidad internacional a tomar medidas para restaurar el orden democrático en Venezuela. Mientras tanto, en las calles de Caracas y otras ciudades importantes del país, manifestaciones de ciudadanos descontentos con el régimen de Maduro han llenado la atmósfera de tensión e incertidumbre. La situación ha generado un complejo escenario diplomático, donde el futuro de Venezuela cuelga de un hilo mientras el mundo observa atentamente la evolución de los acontecimientos. Sin embargo, el gobierno de Maduro parece decidido a mantenerse firme, desafiando la creciente presión internacional y las demandas internas de un cambio estructural en el sistema político del país.
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