El Gobierno ecuatoriano ha logrado un acuerdo con organizaciones indígenas que pone fin a 24 días de protestas, especialmente en la provincia de Imbabura, tras la eliminación del subsidio al diésel. Las manifestaciones, que resultaron en tres muertes, más de 150 heridos y numerosas detenciones, llevaron al diálogo entre el ministro del Interior, John Reimberg, y líderes de agrupaciones indígenas como la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI). A pesar de que las comunidades demandaron la restauración del subsidio, el Gobierno no concedió este pedido, sugiriendo en cambio considerar un posible congelamiento del precio del combustible, que aumentó significativamente desde el anuncio gubernamental.
Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que convocó el paro, no reconoce este acuerdo y mantiene su lucha por diversas causas. Las exigencias de la Conaie abarcan aspectos más allá del tema del diésel, incluyendo demandas por un aumento del salario mínimo, la moratoria de deudas, y la oposición a proyectos mineros que amenazan ecosistemas locales. Esta situación refleja el descontento persistente en un país donde los conflictos sociales han sido recurrentes debido a políticas económicas que muchos consideran perjudiciales para las comunidades más vulnerables.
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