El actual gobierno de Ecuador ha decidido no avanzar con la elaboración de una nueva Constitución para sustituir a la vigente, implementada durante el mandato de Rafael Correa. Esta decisión, adoptada por la presente administración, representa un claro alejamiento de una de las propuestas más ambiciosas hechas por el mandatario en funciones. La Constitución actual, instaurada en 2008, ha sido un pilar del marco legal del país, cimentando cambios significativos en la estructura política y social de Ecuador. El rechazo a la redacción de un nuevo documento constitucional sugiere una intención de mantener la estabilidad y continuidad del orden jurídico existente, evitando así potenciales divisiones y debates que pudiesen surgir de un proceso constituyente.

Por otro lado, la administración ha decidido no permitir la reactivación de bases militares extranjeras en el país, respondiendo a otra de las propuestas del gobernante cuyo objetivo era fortalecer la seguridad nacional. La decisión refleja una postura de autonomía en materia de defensa, priorizando la soberanía nacional frente a la presencia de fuerzas extranjeras en suelo ecuatoriano. Esto también podría interpretarse como un esfuerzo del gobierno por mantener una política exterior independiente y, posiblemente, una estrategia para no generar tensiones diplomáticas con los países vecinos. Ambas decisiones marcan un rumbo político que busca preservar ciertas políticas establecidas en los últimos años, destacando la estabilidad interna y un enfoque soberano en la defensa nacional.

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