El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha trasladado al Consejo de Ministros la decisión sobre la opa hostil del BBVA para adquirir el Banco Sabadell. Aunque la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ya aprobó la operación con ciertas condiciones, el Ejecutivo cuenta con 30 días para revisarlas y decidir si las endurece o suaviza. Las preocupaciones del Gobierno incluyen el impacto en el empleo, la cohesión territorial, y la política social. El sindicato UGT ha advertido de posibles pérdidas de entre 7,500 y 10,500 puestos de trabajo, especialmente en Cataluña, lo cual ha sido refutado por el presidente del BBVA, Carlos Torres.
La situación genera presión política, ya que varios socios del Gobierno, como Junts, ERC y la vicepresidenta Yolanda Díaz, muestran oposición a la opa por su impacto en Cataluña. Mientras el Ministerio prepara un informe final, el BBVA piensa seguir adelante, incluso si el Gobierno establece condiciones más duras. Esto podría llevar a una fusión de ambas entidades, y aunque el Gobierno podría vetar este movimiento, el BBVA espera continuar debido a las sinergias anticipadas. La resolución se prevé coincida con la baja actividad del mercado en verano, y los accionistas del Sabadell deberán decidir sobre la oferta si el proceso avanza hasta otoño.
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