En el actual proceso legislativo en España, la reducción de la jornada laboral se ha convertido en un tema central de discusión política, tal como lo prometieron el PSOE y Sumar al comprometerse a disminuir la jornada laboral de 40 a 37.5 horas semanales para el año 2025. Sin embargo, el avance de esta propuesta está siendo frenado por diferencias internas dentro del gobierno, específicamente entre los Ministerios de Trabajo y Economía. Mientras Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, defiende una aplicación inmediata y conforme al acuerdo alcanzado con los sindicatos, el Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, aboga por una implementación más gradual. Este desacuerdo ha impedido que la medida se incluya en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), retrasando así su avance hacia el Consejo de Ministros y, posteriormente, el parlamento.
Esta disputa refleja desacuerdos más amplios dentro de la coalición sobre cómo abordar las reformas laborales. A pesar de que ambos ministerios concuerdan en la importancia del objetivo final, sus diferencias sobre la velocidad y forma de aplicación están generando tensiones que podrían afectar el compromiso legislativo. Díaz sostiene que el texto acordado con los sindicatos es un punto clave que debe respetarse, mientras que Economía enfatiza la necesidad de un enfoque equilibrado que también considere el crecimiento económico. Ante el desafío parlamentario que se avecina para aprobar la medida, Díaz ha buscado apoyo de otros líderes políticos, destacando la complejidad de lograr consenso en un legislativo dividido. Sin embargo, desde Economía insisten en que la reducción de jornada sigue siendo una prioridad política compartida, a pesar de las fricciones actuales.
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