En una jornada clave para el futuro de las tecnologías no tripuladas, el Comité Judicial del Senado está evaluando cómo equilibrar la seguridad pública con las libertades civiles en la gestión de drones. La audiencia, titulada “Defendiendo Contra Drones: Estableciendo Salvaguardias para las Autoridades de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas”, busca definir claramente los poderes del gobierno en este ámbito y garantizar mecanismos de control para evitar abusos.
En este contexto, diversas organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación sobre propuestas anteriores que, según afirman, no han abordado adecuadamente la necesidad de medidas de control robustas. El Congreso enfrentará el desafío de establecer reglas que no solo protejan la seguridad, sino que también preserven el derecho de los individuos a utilizar drones de forma legal y responsable.
La futura legislación de contrarresto de aeronaves no tripuladas (C-UAS) debería considerar un enfoque integral que proteja las libertades civiles y asegure la rendición de cuentas. Para lograrlo, se sugieren varias medidas: salvaguardias claras para actividades protegidas por la Primera Enmienda, exigencia de transparencia y reportes detallados, y provisión de debido proceso en casos de malas prácticas con drones. Además, se subraya la necesidad de métodos menos invasivos para la mitigación y la limitación en la retención de datos recopilados.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT) han unificado sus voces para pedir que las futuras regulaciones aseguren un equilibrio justo entre seguridad y derechos individuales. Estas entidades, junto a otras, han presentado sus inquietudes en una declaración conjunta al Comité.
En un momento donde el uso de drones sigue evolucionando, el Congreso tiene la oportunidad de trazar un rumbo que permita tanto proteger a la ciudadanía como empoderar a los usuarios individuales, siempre dentro de un marco legal claro y equitativo.
