María Jesús Plaza, de 60 años, residente del barrio del Carmen en Valencia, enfrenta un tenso conflicto con un fondo de inversión que adquirió el edificio donde ha vivido su familia por generaciones. Desde 2020, cuando el inmueble fue vendido, Plaza ha resistido las presiones para desalojar su hogar, que los nuevos propietarios pretenden reformar. A pesar de haber aceptado inicialmente una indemnización debido al hostigamiento, su abogado invalidó el acuerdo. Recientemente, Plaza sufrió un violento asalto: sus pertenencias fueron destrozadas y arrojadas al hueco de la escalera, lo que demuestra la intensificación de los esfuerzos para que abandone la propiedad.
Ante la negativa de Plaza de abandonar su hogar, el fondo ha comenzado obras alrededor de su piso, a menudo de manera cuestionable. Las tensiones aumentaron con presiones que invocaban incluso la intervención de bomberos para desalojarla. El apoyo jurídico del grupo municipal socialista busca detener estas tácticas que violan sus derechos como inquilina. El reciente ataque a su hogar ha dejado a Plaza emocionalmente desbordada, mientras enfrenta un ambiente cada vez más hostil, con vigilancia privada cerca de su residencia. El fondo de inversión, contactado para obtener su versión de los hechos, ha optado por guardar silencio.
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