El atentado contra los venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá ha sacudido la escena político-social, generando preocupación por la seguridad de los exiliados en Colombia. Los activistas fueron atacados a tiros desde una moto tras salir de un edificio en Usaquén, y aunque se mantienen estables en el hospital, el incidente ha levantado voces en defensa de los derechos humanos. El presidente colombiano, Gustavo Petro, atribuyó el acto al crimen organizado, mientras que la opositora venezolana María Corina Machado insiste en que ambos son perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Las organizaciones de derechos humanos y representantes de la ONU han exigido una investigación exhaustiva, resaltando la creciente vulnerabilidad de los migrantes en la región.
Velásquez y Peche arribaron a Colombia en medio de una crisis político-social en Venezuela, buscando refugio tras el endurecimiento de la represión del gobierno de Maduro post elecciones de 2024. La Defensoría del Pueblo ya había recibido solicitudes de protección por parte de Velásquez debido a su activismo en defensa de los derechos humanos, mientras que Peche lidera un proyecto político sobre Venezuela. El episodio ha reavivado el debate sobre el sistema de refugiados colombiano, criticado por su ineficacia y lentitud. En respuesta, Petro reiteró el compromiso de su gobierno de acoger a los exiliados, garantizando apoyo y protección frente al crimen organizado, aunque no vinculó directamente al gobierno venezolano con el ataque.
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