En un reciente movimiento que ha intensificado las tensiones políticas en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha decidido revocar el acceso a información clasificada a su antecesor Joe Biden, la actual vicepresidenta Kamala Harris y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, entre otros. Esta decisión se enmarca en la promesa de Trump de una presidencia marcada por el revanchismo y la persecución de sus adversarios, una postura que resonó durante su última campaña electoral. La lista de afectados incluye también a fiscales como Letitia James y Alvin Bragg, quienes han investigado al presidente por diversos delitos, así como a los congresistas republicanos Liz Cheney y Adam Kinzinger, partícipes en la comisión que indagó el asalto al Capitolio de enero de 2021. El memorando firmado por Trump también previene que estas personas accedan a información confidencial incluso en roles privados, enfatizando su estrategia de retribución hacia quienes considera opositores.
La decisión de Trump contrasta con la tradición habitual de otorgar acceso continuo a información clasificada a antiguos presidentes y altos cargos como una forma de continuidad institucional y respeto a sus contribuciones pasadas. Sin embargo, Trump ya había adoptado medidas similares en su primer mandato y el día de su investidura, renunciando las credenciales de seguridad a funcionarios de inteligencia y a exmiembros de su equipo que criticaron su gestión, como John Bolton y Mike Pompeo. Además, esta semana se anunció que se retirará la protección del Servicio Secreto a los hijos de Joe Biden, una medida que Trump justificó mencionando los costos significativos para el contribuyente. La estrategia del presidente, sin embargo, podría interpretarse más como un gesto simbólico de señalamiento hacia sus enemigos, dado que algunos de los afectados, como Biden, posiblemente no requieran acceso al informe diario de inteligencia tras su retiro de la vida pública.
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