El líder político ha expresado su frustración ante las limitaciones legales que enfrenta su política de deportaciones masivas. Durante un discurso, señaló que miles de personas en el país son consideradas peligrosas, incluyendo asesinos y traficantes de drogas. Afirma que fue elegido para sacar a estas personas del territorio, sin embargo, los tribunales han puesto obstáculos significativos en su camino, impidiéndole cumplir con su promesa electoral.
La polémica política de deportaciones ha generado debates intensos sobre su legalidad y efectividad. Sus declaraciones subrayan un conflicto persistente entre el ejecutivo y el poder judicial, donde las interpretaciones legales y los derechos humanos juegan papeles cruciales. Mientras algunos sectores de la sociedad apoyan medidas más estrictas de control migratorio, otros critican la propuesta por contribuir a un entorno de tensión y discriminación.
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