En medio de un debate creciente sobre la regulación de plataformas en línea, documentos recién revelados mediante una demanda de la Electronic Frontier Foundation (EFF) exponen el interés del Departamento de Justicia (DOJ) durante la administración Trump en modificar la Sección 230, una ley clave que salvaguarda la libertad de expresión en Internet. Durante el verano de 2020, el DOJ participó activamente en intentos por debilitar esta protección legal, que exime a las plataformas de la responsabilidad por el contenido generado por sus usuarios.
Los documentos muestran que el DOJ trabajó en conjunto con legisladores para promover proyectos de ley que buscaban restringir la expresión en línea y la privacidad. Estos esfuerzos incluyeron diálogos con asistencias del Senado sobre leyes como el EARN IT Act y el PACT Act, las cuales, a pesar de no convertirse en ley, reflejan una preocupación sobre la tendencia hacia la censura y el control de la comunicación digital.
La Sección 230 permite a los usuarios expresarse sin temores legales por el contenido de terceros. No obstante, los funcionarios exploraron la posibilidad de vincular estas protecciones con la implementación de sistemas de verificación de edad en sitios que contenían material sexual, lo que podría impactar severamente la libertad de expresión en línea.
El debilitamiento de la Sección 230 inició antes de que el ex presidente Trump emitiera una orden ejecutiva dirigida a las redes sociales. Los documentos también señalan que el DOJ criticó ciertas enmiendas propuestas a estas leyes, argumentando que minaban su postura y la lógica de proteger a los llamados «Bad Samaritans», sitios considerados negligentes en la moderación de contenido.
Asimismo, el DOJ evaluó y propuso modificaciones a una petición regulatoria presentada ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que intentaba reinterpretar la Sección 230. Sin embargo, esta iniciativa no prosperó, ya que la FCC no contaba con la autoridad legal para efectuar dicha reinterpretación.
Estos documentos se suman a un patrón observado en años recientes, donde el DOJ ha realizado esfuerzos significativos para erosionar una ley crucial que durante años ha respaldado la libertad de expresión en la web, un tema que permanece fundamental en las discusiones actuales sobre la regulación de plataformas digitales y la protección de los derechos de los usuarios en línea.
