La doble materialidad ha dejado de ser un debate académico para convertirse en una obligación legal que ya alcanza a miles de compañías españolas. Desde el ejercicio 2024, la directiva europea CSRD obliga a las empresas grandes y a las cotizadas a evaluar su impacto en dos direcciones: cómo les afectan los riesgos sociales y ambientales y cómo influyen ellas, con su actividad, sobre el entorno y las personas. Madrid Emprende ha resumido el alcance del concepto en una guía dirigida al tejido empresarial de la capital.
El término describe una forma de analizar el negocio mirándolo por dos lados a la vez. Por un lado está la materialidad financiera, que mide cómo los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza pueden afectar a las cuentas: una sequía que encarece materias primas, un cambio normativo que obliga a invertir en eficiencia energética o un escándalo laboral que daña la marca. Por otro lado aparece la materialidad de impacto, que examina lo contrario: qué huella deja la actividad de la empresa sobre el clima, los recursos naturales, los trabajadores, la cadena de suministro o las comunidades donde opera.
Hasta hace pocos años el reporting empresarial se quedaba en el primer lado. La novedad regulatoria europea es que ambos pesan igual a la hora de decidir qué información publica una compañía en su memoria de sostenibilidad.
La Directiva 2022/2464 de la UE, conocida como CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), entró en vigor en enero de 2023 y empezó a aplicarse en 2024. Sustituye a la antigua Directiva de Información No Financiera y endurece de forma drástica los requisitos: las empresas obligadas tienen que publicar información detallada según los Estándares Europeos de Reporting de Sostenibilidad (ESRS), aprobados por la Comisión Europea.
El despliegue se hace por fases. En 2024 entraron las grandes compañías cotizadas con más de 500 empleados. En 2025 se añade el resto de grandes empresas, coticen o no, y en 2026 se sumarán las pymes cotizadas. La Comisión calcula que la norma terminará afectando a unas 50.000 empresas en toda la Unión Europea, frente a las 11.700 que cubría el régimen anterior.
El análisis de doble materialidad es la pieza que articula todo el ejercicio. Cada compañía debe identificar sus temas materiales y justificar por qué los considera relevantes desde las dos perspectivas. La auditoría de esa información, además, deja de ser opcional: tendrá que verificarla un tercero independiente con un nivel de aseguramiento equivalente al de las cuentas anuales.
El proceso suele encadenar cuatro pasos. Primero, la empresa elabora una lista larga de temas potencialmente relevantes para su sector y su modelo de negocio. Después consulta a sus grupos de interés (clientes, empleados, proveedores, inversores, organizaciones del entorno) para entender qué les preocupa de verdad. En un tercer paso, cada tema se puntúa con una escala doble: el riesgo financiero asociado y la severidad y probabilidad del impacto sobre personas o medioambiente. Por último, se fija un umbral por encima del cual los asuntos pasan a ser materiales y entran en el informe.
Algunos de los reportes más recientes muestran ya el efecto de este enfoque. BBVA publicó por primera vez en 2024 su huella de agua completa, una métrica que años atrás no aparecía en ninguna memoria. Y la presión regulatoria se nota también en el sector inmobiliario, donde el precio de la tonelada de CO2 ha pasado de 30 a 100 euros en pocos años, un coste que hoy entra de lleno en el análisis financiero de cualquier promotora.
Madrid concentra la mayor parte de las grandes corporaciones españolas y un porcentaje muy alto de filiales europeas con sede social en la capital. Esa estructura provoca que el grueso de los obligados por la CSRD opere desde la región. La Cámara de Comercio de España estima que cerca de 4.000 empresas tendrán que publicar información de sostenibilidad bajo el nuevo marco a lo largo de las distintas fases.
El efecto cascada llega también a las pymes que trabajan como proveedoras. Aunque no estén legalmente obligadas, sus clientes grandes empezarán a pedirles datos de huella de carbono, prácticas laborales o trazabilidad para poder cumplir con sus propios informes. Madrid Emprende y otras agencias municipales han abierto líneas de asesoramiento específico para acompañar a estas compañías en la transición, conscientes de que el coste de adaptación puede ser alto si no se aborda con tiempo.
Para los consejos de administración, el cambio va más allá del cumplimiento. La doble materialidad obliga a integrar la sostenibilidad en la estrategia, en la política de remuneración variable y en la asignación de capital. Las compañías que lo hagan a tiempo ganarán acceso a financiación verde y reducirán el riesgo de sanciones; las que se queden en la mera formalidad se expondrán a problemas reputacionales y a un escrutinio creciente por parte de inversores y reguladores.
Las grandes compañías cotizadas con más de 500 empleados desde el ejercicio 2024, el resto de grandes empresas (coticen o no) desde 2025 y las pymes cotizadas desde 2026. Empresas de fuera de la UE con filial significativa en Europa también entrarán en 2028.
La materialidad financiera mira solo cómo los factores ambientales y sociales afectan a las cuentas de la empresa. La doble materialidad añade el efecto contrario: cómo afecta la actividad de la empresa al entorno y a las personas, aunque no haya repercusión económica directa.
Sí. La CSRD exige verificación por un tercero independiente. Empieza con un nivel de aseguramiento limitado y la Comisión Europea evaluará en 2028 elevarlo al mismo grado que el de las cuentas anuales.
Cada Estado miembro fija el régimen sancionador. En España, la transposición prevé multas administrativas y la posibilidad de inhabilitar a los miembros del consejo. Los inversores institucionales, además, pueden retirar su capital de compañías sin información ESG verificable.
De forma indirecta pero real. Las grandes empresas necesitan datos de toda su cadena de valor para preparar sus informes, así que pedirán a sus proveedores información sobre emisiones, condiciones laborales y prácticas de gobernanza. Quien no la tenga preparada perderá contratos.
