Directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) brindaron información detallada a la aerolínea Plus Ultra sobre los procedimientos necesarios para la obtención de una ayuda pública de 53 millones de euros, según revela un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. La investigación sugiere la existencia de una «red de influencia» que se extiende más allá del ámbito empresarial, utilizando medios ilícitos para asegurar la concesión de estos fondos gubernamentales, gestionados a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
El informe destaca un conjunto de comunicaciones entre los directivos de Plus Ultra y un alto funcionario de la SEPI, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso. A medida que la solicitud de ayuda se tramitaba, Julio Martínez Martínez, un empresario vinculado a la trama, anticipó la concesión del préstamo, evidenciando un acceso a información privilegiada antes de la decisión oficial del consejo de ministros. Estos hallazgos indican que podría haber existido una injerencia en el desarrollo normal de la evaluación de la solicitud, favoreciendo intereses personales dentro de un contexto al parecer corrupto.
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