La reforma de la Ley de Amparo en México se ha convertido en un campo de batalla político que ahora parece favorecer a la presidenta Claudia Sheinbaum. El tema principal de discordia fue la cláusula de retroactividad, introducida en último momento por el Senado, que habría afectado juicios en curso, pero fue eliminada por la Cámara de Diputados. Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, afirmó que la versión original de la propuesta será respetada, corrigiendo así el desaguisado legislativo. La eliminación de esta cláusula fue un triunfo clave para Sheinbaum, que rechazó firmemente cualquier acción que vulnerara el artículo 14 de la Constitución.
A pesar de las tensiones en el oficialismo, la oposición logró aplazar la votación del proyecto en la Cámara Baja, argumentando la necesidad de más audiencias públicas. Mientras tanto, el debate sobre las otras disposiciones de la reforma, como las restricciones en asuntos fiscales y el interés legítimo, sigue abierto. La intervención decidida de Sheinbaum fue crucial para resolver el conflicto interno, pese a las disensiones entre miembros de su partido y las acusaciones cruzadas entre el Gobierno y la Suprema Corte. Esta reforma es esencial para fortalecer los programas sociales que sustentan el proyecto político de Sheinbaum, ya que busca liberar dos billones de pesos en créditos fiscales paralizados en los tribunales.
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