El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su dimisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, acompañado de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al empresario implicado Alberto González Amador. La decisión de García Ortiz de abandonar su cargo antes de que se ejecute formalmente la sentencia es, según sus propias palabras, un gesto de respeto hacia las resoluciones judiciales y de protección hacia la Fiscalía española. La dimisión será efectiva una vez el Consejo de Ministros la acepte y se publique en el Boletín Oficial del Estado.
El Gobierno, por su parte, ya está en proceso de selección de un nuevo jefe del Ministerio Público, el cuarto desde que Pedro Sánchez asumió el gobierno en 2018. Hasta que se produzca la designación, Ángeles Sánchez Conde, la teniente fiscal del Supremo, asumirá las funciones del fiscal general. El presidente Sánchez ha expresado su reconocimiento a la labor de García Ortiz, al tiempo que ha criticado el fallo del Supremo, sugiriendo que otras instancias, como el Tribunal Constitucional o la justicia europea, podrían revisar aspectos controvertidos de la sentencia. García Ortiz, quien ha mantenido su inocencia durante todo el proceso, evalúa ahora presentar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional si percibe una vulneración de sus derechos constitucionales.
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