La reciente condena del fiscal general del Estado ha provocado un nuevo enfrentamiento dentro del Gobierno español, evidenciando las divergencias entre sus miembros. Durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, instó a una respuesta más firme del Gobierno y abogó por una movilización ciudadana para «defender la democracia». En contraste, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, enfatizó la importancia de la prudencia y el respeto a las instituciones, sugiriendo que la mejor vía sería conocer la sentencia del Tribunal Supremo sin generar desconfianza en la Justicia.
Díaz, por su parte, sostuvo que es «anómalo» que hayan pasado varios días sin que se haga pública la sentencia, mientras defendía el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente. Afirmó que este derecho es fundamental en un país que ha conocido el franquismo. Bolaños, aunque dispuesto a aceptar discrepancias, pidió un enfoque argumentativo que no socave la credibilidad judicial. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, recordó la importancia del respeto hacia las manifestaciones, subrayando que las protestas recientes son más respetuosas que las del pasado 20 de noviembre. Aunque el choque en la coalición es evidente, Moncloa insiste en que las posturas de cada ministro son complementarias y reflejan diferentes perspectivas sobre una cuestión delicada.
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