Las líderes autonómicas hicieron un llamamiento conjunto al Gobierno central para reconsiderar la clausura del complejo nuclear de Almaraz, planeada para 2027. En una declaración institucional, las presidentas manifestaron que el cierre de la planta podría infligir un grave perjuicio a la infraestructura energética española, que aún carece de la tecnología necesaria para sustituir eficazmente a la energía nuclear.
El impacto del cese de operaciones no se limitaría únicamente al ámbito energético, sino que también amenazaría el suministro eléctrico en regiones con alta demanda, como la Comunidad de Madrid. Actualmente, Almaraz proporciona un 15% de la energía consumida en esta comunidad, donde la apertura de nuevos centros de datos continúa elevando las necesidades energéticas.
Según estudios recientes, el fin de la energía nuclear podría desembocar en un aumento del 23% en las facturas de electricidad para hogares y pequeñas y medianas empresas, generando un coste adicional de 22.500 millones de euros. Además, la medida pondría en riesgo alrededor de 30.000 empleos, afectando principalmente a municipios rurales ya vulnerables al fenómeno de la despoblación, que dependen en un 70% de los ingresos generados por estas instalaciones.
La energía nuclear, clasificada como verde por la Unión Europea en 2022, desempeña un papel crucial en el panorama energético español, representando el 21% de la producción eléctrica y evitando la emisión de aproximadamente 30 millones de toneladas de CO₂ anuales, lo que contribuye a la disminución de los gases de efecto invernadero.
En los últimos años, la carga fiscal sobre las empresas del sector ha aumentado en un 70%, una estrategia destinada a desincentivar la inversión en energía nuclear. Este enfoque, según los críticos, afecta adversamente la industria, el empleo y la transición hacia una digitalización robusta en España, además de potencialmente comprometer la seguridad energética nacional. El cierre de Almaraz aumentaría la dependencia española de combustibles fósiles, especialmente gas importado de Rusia.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha instado a seguir el ejemplo de Bélgica, donde dos centrales nucleares han permanecido operativas tras negociar con la comisaria europea Teresa Ribera, recibiendo un apoyo financiero de 32.000 millones de euros. Ayuso exige al Gobierno central que abandone la ideología en favor de un enfoque basado en el rigor científico y técnico que garantice el bienestar del medio ambiente, la industria, y la independencia energética del país.
