Durante el tradicional desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expuso su postura firme ante una ley que considera una amenaza directa para el orden constitucional y el Estado de Derecho en España. Ayuso afirmó que la región madrileña no puede permanecer impasible «ante el mayor acto de corrupción política que se ha perpetrado en la historia de la democracia». La presidenta se refería a la Ley de Amnistía, la cual, en sus palabras, ha sido «escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña, es arbitraria y obscenamente inconstitucional».
Ayuso denunció que dicha ley supone «otro paso más del presidente Sánchez en su operación de destrucción del Estado de Derecho para seguir en el poder por la mínima». La presidenta regional cuestionó las intenciones detrás de la normativa y lanzó una pregunta al aire: “¿Cómo piensan que podemos tragar con la mentira de que esto se hace por la convivencia si sabemos que todos los socialistas abominaban de la amnistía por ser claramente inconstitucional?”.
La líder madrileña no dudó en aseverar que en la tramitación parlamentaria de la ley «se han infringido preceptos de la Constitución y del Reglamento del Congreso de los Diputados», lo cual, a su juicio, ha derivado en «una reforma encubierta de la Constitución Española… esto ni en las dictaduras». Ayuso reiteró su compromiso de hacer todo lo posible para evitar que, según sus palabras, «hundan España».
Consciente de la gravedad de la situación jurídica, el Ejecutivo autonómico solicitó el pasado junio un informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid tras la aprobación de la ley en el Congreso. Los servicios jurídicos respondieron con un dictamen que avala la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma. Este dictamen sostiene que la Ley de Amnistía atenta contra los pilares fundamentales de la Constitución y argumenta que el Estado de Derecho no puede funcionar adecuadamente si las Administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas constitucionales.
La Comunidad de Madrid mantiene que no se puede aceptar una ley que establece un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma específica, ya que esto socava el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, consagrado en el artículo 14 de la Constitución.
Además, Ayuso advirtió sobre la ruptura de la separación de poderes, puesto que la normativa permite al Legislativo invadir las competencias del Judicial, el único poder del Estado con la autoridad constitucional para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La presidenta regional también destacó que la Ley de Amnistía fue aprobada sin considerar los informes emitidos por instituciones clave como el Consejo General del Poder Judicial, las principales asociaciones de jueces, la asociación mayoritaria de fiscales, así como los letrados del Senado y de la Comisión de Justicia del Congreso.
Con estas declaraciones y acciones, Isabel Díaz Ayuso reafirma su posición de combate frente a lo que percibe como una seria amenaza para el orden y la legalidad en España.
