La comunidad universitaria de Madrid protagoniza un momento histórico con la presentación de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), iniciativa liderada por la administración de Díaz Ayuso. Esta ley se destaca por su enfoque pionero al unificar las distintas formas de enseñanzas superiores. Así, por primera vez se integran bajo un mismo marco legal las universidades, la formación profesional superior, las enseñanzas artísticas y deportivas, y las escuelas de negocios. Este esfuerzo busca establecer un puente firme entre la formación académica y el mercado laboral, fomentando el aprendizaje continuo y adaptativo.
Una de las innovaciones de la LESUC es la creación de un Distrito único de prácticas, diseñado para asegurar que ningún estudiante de educación superior se quede sin oportunidades prácticas. Esta estructura contará con una Comisión de coordinación compuesta por representantes de diversas partes interesadas y se complementará con una aplicación informática unificada.
El proyecto también hace un especial énfasis en la promoción de las Humanidades y la lengua española, reduciendo las tasas académicas para estudiantes hispanoamericanos y nivelando así las condiciones con estudiantes nacionales o de la UE. Asimismo, se exigirá un nivel mínimo de español para el ingreso a universidades, excepto en programas impartidos en otro idioma.
Por otra parte, la ley introduce un modelo de financiación universitario que se adapta a las necesidades del siglo XXI. Este nuevo esquema plurianual prevé tres niveles de apoyo: financiación básica para el funcionamiento regular, apoyo adicional para necesidades específicas como la rehabilitación de infraestructuras, y fondos extras vinculados a la consecución de objetivos estratégicos como el impulso de la formación dual.
Además, se ampliarán las herramientas de financiación para las universidades, permitiéndoles gestionar sus propias inversiones, inmuebles, y desarrollar sistemas administrativos compartidos para optimizar recursos.
Entre otras novedades, la LESUC reconocería las acreditaciones de profesores de todo el país, permitiría a las universidades validar créditos por trabajos de voluntariado, y por primera vez en España, abriría líneas de investigación también para el alumnado y profesorado de Formación Profesional.
El gobierno de la Comunidad de Madrid ha declarado también su intención de llevar a los tribunales el nuevo Real Decreto del Gobierno central sobre acreditación de universidades, considerado como una amenaza a las instituciones privadas y autonómicas, y ha criticado las medidas que exigirían un mínimo de estudiantes para su funcionamiento.
Con seis centros públicos y 13 privados, Madrid alberga un vasto sistema educativo superior que atiende a más de 300,000 estudiantes. Este esfuerzo legislativo busca fortalecer su posición como líder educativo en España, abordando los desafíos contemporáneos con una visión inclusiva y progresista.
