La Comunidad de Madrid ha expresado una profunda preocupación ante los devastadores efectos observados en otros países, que incluyen pérdida de vidas, problemas sociales, falta de libertad y seguridad, comprometiendo seriamente la prosperidad. Ante este escenario, se ha lanzado una iniciativa con el objetivo de proteger a los menores, especialmente en lo que respecta a productos derivados del cannabis, como los aceites para vapeadores, snacks y gominolas con CBD, que también representan riesgos para la salud.
En una serie de medidas concretas, se prohibirá la venta de cualquier derivado del cannabis a menores de edad en cualquier tipo de establecimiento, incluyendo máquinas expendedoras y dispositivos móviles. Además, la publicidad de estos productos estará restringida, no permitiéndose a menos de 300 metros de los centros educativos de enseñanza no universitaria.
En línea con estas restricciones, se limitará también el patrocinio de productos de cannabis para evitar la falsa percepción de que su consumo podría mejorar el rendimiento físico o tener beneficios para la salud. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha destacado que con estas regulaciones, la región continuará a la vanguardia en la lucha contra las drogas.
Esta reforma adaptará la normativa vigente a la Ley autonómica de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y Adolescencia, aprobada en 2023. Esta ley prohíbe específicamente la venta de sustancias perjudiciales y nocivas a los menores, e impone la obligación de informar de manera visible sobre la composición y usos de estos productos.
Datos del sistema regional de vigilancia de adicciones muestran que el cannabis es la droga ilegal más consumida entre los estudiantes madrileños de 14 a 18 años. Las estadísticas revelan que el 27,8% de los estudiantes ha consumido cannabis alguna vez, el 21,8% en el último año y el 14,5% en el último mes, con una edad media de inicio de 14,8 años.
El Gobierno regional se mantiene comprometido con la protección de la salud física y mental de sus ciudadanos, especialmente los más jóvenes. Esta batalla contra las drogas se refuerza a través de 24 Centros específicos de Atención Integral a Drogodependientes, Centros de Día y Hospitalización de Adicciones, así como con estrategias dirigidas a nuevos fenómenos como el chemsex.
El Plan de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad, que cuenta con un presupuesto de 45 millones de euros, está dirigido principalmente a la población joven y adolescente. Este plan incluye la incorporación de 370 nuevos profesionales, entre ellos psiquiatras y enfermeros, distribuidos en 21 equipos específicos para la prevención del suicidio y 14 equipos de atención intensiva a domicilio para niños y adolescentes con patologías complejas.
