El nuevo Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz ha sido presentado por la jefa del Ejecutivo autonómico, convirtiéndose en un bastión judicial para más de 230.000 personas distribuidas en once municipios de la Comunidad de Madrid. Este complejo, que atenderá las demandas de municipios como Ajalvir, Algete y Paracuellos de Jarama, se erige como un referente en infraestructura judicial en la región.
Con una superficie de 14.576 metros cuadrados y tres plantas sobre una parcela de 6.000 metros cuadrados, el edificio ya opera con once jueces y magistrados, respaldados por un equipo de 140 profesionales. Además, se ha previsto un espacio de reserva del 30% para posibles expansiones futuras. El complejo incluye un servicio de guardia, una oficina de asistencia a víctimas de delitos, Fiscalía, Forensía, y una cámara Gesell, destinada a la declaración de menores en un entorno seguro. También alberga oficinas para procuradores y abogados, junto con dependencias policiales y otras instancias auxiliares.
Construido con criterios de accesibilidad y protección para las víctimas, el Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz ha implementado recorridos diferenciados para garantizar que los acusados y presuntos agresores no se crucen en ningún momento. Esta atención al detalle subraya el compromiso de la infraestructura con la seguridad y dignidad de los usuarios más vulnerables del sistema judicial.
Desde 2019, la Comunidad de Madrid ha inaugurado otras infraestructuras judiciales en San Lorenzo de El Escorial, Navalcarnero y Valdemoro, y ha ampliado la sede de Getafe. Actualmente, están en desarrollo proyectos en Móstoles, Collado Villalba y la Ciudad de la Justicia de Madrid. Además, se han iniciado pasos para nuevas sedes en Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Arganda del Rey.
Con estos avances, el Gobierno de Madrid planea intervenir en el 90% de los 572 órganos jurisdiccionales de los 21 partidos judiciales de la región. Se espera que estas acciones, que incluyen renovaciones totales o parciales y mejoras de la eficiencia energética, requieran una inversión superior a los 830 millones de euros. El esfuerzo se enmarca en una estrategia integral para modernizar y optimizar el funcionamiento del sistema judicial en la comunidad.
