La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha anunciado un ambicioso plan encaminado a modernizar y regular el sector cinegético y piscícola en la región. Esta iniciativa introduce una serie de medidas innovadoras que buscan mejorar la gestión de la fauna y reforzar la seguridad en las actividades relacionadas con la caza y la pesca.

Una de las reformas más destacadas es la introducción de un tamaño mínimo de 250 hectáreas para los cotos de caza, aplicable a todas las modalidades. Sin embargo, se contempla una excepción para la caza menor, que podrá ser autorizada en predios desde 50 hectáreas, siempre que se cuente con una justificación técnica adecuada.

En el ámbito de la pesca, la normativa simplifica la regulación de las aguas, clasificándolas en tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y aguas privadas. Este nuevo enfoque pone especial énfasis en la preservación de especies emblemáticas como la trucha en entornos fluviales, así como en peces de interés como la carpa o el lucio en embalses y tramos bajos de los ríos.

Una de las novedades más relevantes es la creación de los Planes de Control Poblacional. Esta herramienta, destinada a los ayuntamientos, permitirá gestionar de manera eficaz a especies como el jabalí o el conejo, especialmente en el contexto de su abundancia excesiva, y prevenir los daños que pueden causar en la agricultura fuera de los periodos habituales de caza. Además, la normativa amplía la distancia mínima de seguridad respecto a núcleos de población de 100 a 150 metros para garantizar una mayor protección.

En línea con la modernización del sector, se implementarán licencias digitales y procedimientos administrativos electrónicos, una medida que busca simplificar los trámites y mejorar el seguimiento de las actividades. Asimismo, el régimen sancionador se actualizará: las infracciones leves se multarán con cifras que oscilan entre 200 y 1.000 euros, las graves entre 1.000 y 10.000 euros, y las muy graves entre 10.000 y 80.000 euros.

La elaboración de esta nueva normativa ha involucrado un extenso proceso de participación, con la consideración de numerosos informes técnicos y sectoriales, abarcando aspectos como el impacto ambiental, el cambio climático, la salud pública y la integración de la perspectiva de género. Este enfoque integral busca consolidar un marco legal único que contemple los elementos esenciales de las actividades de caza y pesca, las cuales son fundamentales para el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación.

En la Comunidad de Madrid, casi el 69% del territorio, es decir, 576.000 hectáreas, está calificado como terreno cinegético, y existen aproximadamente 50.000 licencias de caza en vigor. En cuanto a la pesca, la región mantiene cerca de 46.000 licencias activas y 24 tramos regulados que suman cerca de 130 kilómetros, gestionados en colaboración con entidades locales. Este esfuerzo por modernizar y regular el sector promete un manejo más eficiente y sostenible de los recursos naturales, vitales para las comunidades rurales de la región.