El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha establecido un nuevo acuerdo destinado a ofrecer apoyo integral a los afectados por la ocupación ilegal. Gracias a esta iniciativa, los perjudicados contarán con representación procesal ante los tribunales y acceso a atención psicológica a través de la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD).
Para facilitar este apoyo, se creará un servicio especializado sobre ocupación en el 012 de Atención al Ciudadano y se establecerá un procedimiento de comunicación con el 112 Ocupación, garantizando una respuesta rápida para las víctimas.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, enfatizó la necesidad de modificar las leyes que actualmente limitan la acción judicial inmediata contra la ocupación, argumentando que estas restricciones no reflejan problemas inherentes a la sociedad española ni a su Constitución, sino a la falta de acción de ciertas administraciones.
Díaz Ayuso también alertó sobre el impacto social de la ocupación: propietarios despojados de sus viviendas y comunidades enteras afectadas. Resaltó que muchas propiedades ocupadas acaban siendo utilizadas para actividades legales e ilegales, incluyendo tráfico de personas y narcopisos.
En respuesta a esta situación, el Gobierno regional se comprometió a proporcionar todas las herramientas necesarias para apoyar a las víctimas, recuperar propiedades y frenar el avance de este fenómeno, subrayando que se trata tanto de una cuestión delictiva como de derechos fundamentales.
Desde su creación en junio de 2022, el 112 Ocupación ha recibido más de 4.000 llamadas y ha gestionado exitosamente 44 desalojos. El acuerdo para esta nueva iniciativa fue firmado por Díaz Ayuso junto con los decanos de los colegios de abogados de Madrid y Alcalá de Henares, consolidando un frente común para enfrentar el desafío de la ocupación en la región.
